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El derecho de defensa en comisaría

La historia es más o menos así: el año pasado los abogados y abogadas penalistas del Colegio de París se sentían partícipes de un modelo de proceso policial que vulneraba el derecho de defensa de las personas detenidas. Resulta que cuando eran llamados a comisaría por una detención no tenían acceso al atestado policial y, por ende, eran incapaces de saber de qué se acusaba a sus clientes hasta que se les pusiese a disposición judicial. Con tan poca información, argüían, es imposible ejercer el derecho de defensa: ¿Cómo puedo asesorar a mi cliente sobre lo que le conviene declarar en el interrogatorio policial si no sé ni lo que ha sucedido ni de qué se le acusa? En el año 2011, además, habían conseguido un avance fundamental: la Corte de Casación francesa había declarado el derecho de todas las personas a disponer de abogado en cualquier trámite policial derivado de una detención. Sin embargo, un avance tan importante quedaba en gesto intrascendente si la defensa no se podía ejercer activamente, y para ello era imprescindible el acceso al atestado policial y el asesoramiento informado al detenido o la detenida. 

El proceso de lucha seguido por los abogados y abogadas de París con el apoyo de su Colegio ha sido modélico: cuando eran llamados a comisaría informaban desde el momento de la llamada (lo hacía el propio Colegio) de que no realizarían trámite alguno si no tenían, antes, acceso al atestado policial. Cuando no se les permitía dicho acceso hacían dos cosas: en primer lugar se iban de la comisaría, consiguiendo así bloquear el proceso de detención: recordemos que en 2011 se había declarado la obligatoriedad de la presencia de abogado/a, por lo que en su ausencia se veían en la obligación de soltar a la persona detenida sin realizar ningún trámite tras el tiempo máximo de detención. En segundo lugar interponían una queja en los Juzgados, exigiendo el acceso al atestado y pidiendo la puesta en libertad de cada detenido. El día 31 de diciembre, como un regalo de fin de año, los Tribunales de París empezaron a suspender todos los procesos de detención en el que no se diese acceso al atestado policial al abogado/a antes de practicar cualquier diligencia.
 
Es decir, que a día de hoy un abogado o una abogada de París cuando es llamado a comisaría por una detención tiene acceso nada más llegar al atestado policial, después se le permite una entrevista con su cliente, al que asesora en una determinada línea de defensa, y después (sólo después), se comienzan a practicar las correspondientes diligencias (interrogatorio y demás). ¿Os suena? ¿No? Normal.
 
No os suena porque en el estado español, a día de hoy, cuando un abogado o abogada es llamado a comisaría, apenas conoce el nombre de la persona a la que han detenido y la comisaría a la que tiene que acudir. Cuando llega no tiene acceso al atestado policial, con lo que no sabe qué ha sucedido ni de qué se acusa a su cliente, pero tampoco importa, porque le resulta imposible comunicarse con él o ella: no tiene acceso a una entrevista en privado antes de las diligencias, ni se le permite en ningún momento de la práctica del interrogatorio recomendarle nada, ni siquiera que se acoja a su derecho a no declarar.

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O ESCRACHE

A Audiencia Provincial de Madrid rexeita o recurso da Fiscalía e confirma o arquivo da causa polo Escrache perante a casa de Soraya Sáenz de Santamaría.

            O escrache realizado á Vicepresidenta por parte do colectivo da PAH (Plataforma Afectados pola Hipoteca) non entra no tipo penal de coaccións, nin de reunión ou manifestación ilícita, nin desordes públicos, nin de desobediencia á autoridade, como pretendía a Fiscalía.

            O escrache é definido no Auto como "manifestación de grupos activistas que se dirixen ao domicilio ou lugar de traballo de alguén a quen se quere denunciar e que ten como fin que as súas reivindicacións teñan repercusión na opinión pública" ao que engade "Non sería unha interpretación conforme á Constitución, considerar delictiva a conducta de persuadir ou tratar de influír nas decisións políticas do Goberno , dos Parlamentos, nin, en xeral, dos responsábeis públicos con capacidade de decisión sobre asuntos xerais, salvo que se fixera por medios violentos".

Continúa dicindo "É evidente que as manifestacións e concentracións que de forma cotiá lévanse a cabo por toda a xeografía española prodúcense como medio de denuncia ou protesta polas decisións tomadas ou que se van tomar polos  responsábeis políticos ou económicos, constituíndo un mecanismo ordinario de participación democrática da sociedade civil e expresión do pluralismo dos cidadáns E o mesmo pode dicirse do presente caso, sen que a particularidade de terse producido fronte ao domicilio da Vicepresidenta do Goberno lle confira outro carácter."

 

Descarrega o AUTO en

AAP_sobreseimiento_escrache.pdf

A Reforma do Código Penal

O Estado Social e Democrático de Dereito está en serio perigo de extinción. Non é casual que o recorte no Estado social vaia acompañado dun incremento da capacidade punitiva do Estado, especialmente dunha maior persecución da disidencia política, da protesta social e da pobreza. A reforma do Código Penal impulsada polo Ministro Gallardón, supón unha quebra do Estado de Dereito, recentemente debilitado coas reformas do Consello Xeral do Poder Xudicial e a Lei de Taxas Xudiciais

Unha “renovación” da administración xudicial que só sirve paradoxalmente para restar xustiza á cidadanía, despoxala de dereitos básicos e facela máis vulnerable

A proposta de Código Penal e do seu complemento a Lei de Seguridade Cidadá, establecen unha política criminal pensada para protexer o status quo da elite económica e política ante o aumento do descontento social por mor da dureza da crise (criminalización da protesta). Endurécense delitos en base a alarma social. Dita reforma é incoherente con a realidade que segundo datos obxectivos mostran que o Estado español ten un índice de delincuencia moito menor ca media europea, poren o sistema español é o máis duro e carceleiro de Europa. Dende 1979 as persoas recluídas incrementáronse un 750%. Na actualidade hai 159 persoas recluídas por cada 100.000 habitantes -entorno ao 80% por delitos relacionados con drogas e delitos contra o patrimonio, cunha vinculación directa coa exclusión social-. A media europea é de 96 por 100.000 presos. Según distintos estudos, desde fai máis 20 anos a delincuencia no Estado español presenta unha liña descendente.

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La acción en la audiencia previa

Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de enero de 2014 (D. FRANCISCO JAVIER ORDUÑA MORENO).

El problema jurídico procesal que se plantea por las partes impugnantes es si el actor, en la audiencia previa, puede cambiar el componente o fundamento jurídico de la acción ejercitada en la demanda, esto es, provocar un cambio en el razonamiento que justifica su pretensión.
El punto de partida radica en que en nuestro ordenamiento las controversias que se someten a la decisión judicial deben resolverse conforme a las pretensiones iniciales sin que afecten a este planteamiento, en principio, las modificaciones producidas tras este momento inicial lo que se denomina la perpetuatio actionis. Consecuencia de este principio es la prohibición del cambio de demanda -mutatio libelli- en el proceso civil. Los escritos de demanda y contestación delimitan el objeto del proceso sin perjuicio de algunas adicciones permitidas.

La prohibición del cambio de demanda tiene su fundamento último en la prohibición de la indefensión que se contiene en el artículo 24 CE, pues si se permitiera al actor variar algún aspecto esencial de la pretensión -petición, causa petendi o los sujetos-, estaría limitando las posibilidades de defensa de la demandada o vulnerando el principio de igualdad de armas.

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La impugnabilidad de la decisión administrativa de someter o excluir un plan o proyecto a evaluación ambiental

Actualidad Jurídica Ambiental
Autor: Jaime Doreste Hernández, Abogado ambientalista. Estudio Jurídico-Ambiental.


I. INTRODUCCIÓN
Sin ninguna duda, la evaluación de impacto ambiental (EIA) es uno de los mecanismos de tutela ambiental preventiva de mayor incidencia normativa y jurisprudencial en nuestro ordenamiento jurídico.
La tramitación de este procedimiento ambiental, instrumental en todo caso del procedimiento sustantivo de aprobación del proyecto o autorización de la actividad evaluada, y que culmina, normalmente, con la emisión por parte del órgano ambiental de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en la que se pronuncia a los meros efectos ambientales sobre la conveniencia de llevar a cabo dicho proyecto o actividad y en su caso los condicionantes más adecuados de cara a la protección del medio ambiente, es compleja y conlleva la emisión o dictado de diferentes informes, resoluciones o actos administrativos. Y no todos tienen la misma relevancia y alcance, ni son igualmente susceptibles de control jurisdiccional.

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